Día Internacional de la Educación

Este 2020, las Naciones Unidas conmemora el Día Internacional de la Educación bajo el lema “Aprendizaje para los pueblos, el planeta, la prosperidad y la paz”, haciendo énfasis en que la educación es un recurso renovable de la humanidad, imprescindible para el desarrollo sostenible.

Según la UNESCO, “el aprendizaje conduce al empoderamiento de los pueblos, a la preservación del planeta, a construir la prosperidad y a promover la paz”. En este sentido, es indispensable que los gobiernos velen por una educación inclusiva y equitativa para los niños, niñas y adolescentes, en especial los que pertenecen a los grupos más vulnerables.

En América Latina y el Caribe, la educación se presenta como un factor de protección contra el trabajo infantil y el trabajo adolescente peligroso. Según la OIT, un año más de educación significa 11 % más de ingresos laborales en los países en vías de desarrollo.

Sin embargo, si bien en la región se ha mejorado la universalización de la educación primaria, la educación secundaria presenta cifras de deserción. Según un estudio de la UNESCO, “durante los primeros años de la década de 2010 se produjo un importante déficit de escolarización correspondiente al 2.5 % entre los niños de 9 a 11 años y del 21 % entre los adolescentes de 15 a 17 años”.

Cuando los y las adolescentes abandonan la educación secundaria tienen menos oportunidades para encontrar trabajos decentes en la edad adulta e incrementar sus ingresos, pues las consecuencias del trabajo infantil se extienden a lo largo de la vida, quedando atrapados muchas veces en la pobreza y la desigualdad, afectando su desarrollo personal y el de sus comunidades y países.

Se sabe también que padres y madres con baja escolaridad o con conocimientos insuficientes son un factor que prolonga la pobreza y que incentiva el trabajo infantil.

Reducir el trabajo infantil y el abandono de la educación secundaria promoverá una transición escuela – trabajo segura. La educación y la capacitación son esenciales para que las poblaciones más vulnerables accedan a la justicia social, se incorporen exitosamente al mercado laboral y se construya sociedades pacíficas.

En este sentido, los gobiernos de la región deben mejorar la articulación de las políticas de educación y de prevención del trabajo infantil, así como la inversión en acciones focalizadas para generar iniciativas educativas pertinentes a las necesidades de grupos, como adolescentes y jóvenes, mujeres, personas migrantes, pero también a las nuevas exigencias del futuro del trabajo.