Nueve países de América Latina y el Caribe implementaron con éxito los modelos de riesgo de trabajo infantil

01 de abril de 2021

La experiencia llevada a cabo en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, México y Perú se ha sistematizado en un documento que describe su construcción, aprendizajes, desafíos, buenas prácticas y los resultados del proceso en cada país.

Tras periodos de análisis sobre las estrategias y la eficacia de los resultados alcanzados en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, en conjunto con la OIT y la CEPAL, elaboró el Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI), una herramienta que permite, a partir de la información estadística existente en los países, identificar los territorios más vulnerables al trabajo infantil, y determinar en qué zonas geográficas y grupos poblacionales se deben concentrar los esfuerzos. Posteriormente, se desarrolló el Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil (IVTI), herramienta complementaria que sintetiza un conjunto de variables, provenientes de registros administrativos, relacionadas con el riesgo al trabajo infantil.

El documento que sistematiza la experiencia analiza de forma integrada la implementación de ambos modelos, MIRTI e IVTI, destacando la diversidad de contextos político-institucionales y las características del trabajo infantil en cada país y en cada territorio. Esto ha hecho que se tomen rutas diferentes en el proceso de implementación, y ha brindado una amplia gama de experiencias y aprendizajes relevantes con estrategias adaptables a otros países en el futuro.

En la práctica, cada país cuenta con fichas nacionales de acuerdo con su división administrativa. En ellas se incluyen mapas que identifican niveles de bajo, medio y alto riesgo de trabajo infantil por municipio y que muestran factores vinculados con la trayectoria del trabajo infantil y adolescente peligroso.

Buenas prácticas identificadas

Entre las buenas prácticas promovidas por los modelos destaca la participación de amplios sectores del Estado, la transferencia de la metodología a actores clave del sistema nacional de estadísticas, y el diseño de una guía técnica sobre los modelos de riesgo en español e inglés para uso de los equipos técnicos. Otra estrategia innovadora y positiva fue involucrar a los gobiernos locales durante el proceso de elaboración del modelo a implementar, tomando en cuenta sus planes municipales de prevención y erradicación del trabajo infantil.

Apropiación y territorialización de la meta 8.7 de los ODS

Como parte de los resultados de la implementación en nueve países, se cuenta con  capacidad instalada para convertir los modelos en herramientas de aplicación periódica, basadas en los instrumentos de medición estatales. Además, hasta el momento,  tres de los países han institucionalizado las herramientas, es decir, están incorporadas de manera formal en las estrategias de política de prevención y erradicación del trabajo infantil: Argentina[1] y Colombia[2] incluyeron el MIRTI en su política pública de prevención y erradicación del trabajo infantil, así como Costa Rica, que lo define como acción prioritaria en el Programa de Trabajo Decente 2019-2023 (Prioridad 1-Resultado 1.2)[3].

Otro de los resultados a destacar es el uso de los modelos en el nivel local como medios para llevar al territorio las políticas de prevención del trabajo infantil y elaborar respuestas locales al trabajo infantil. En México, los municipios de Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas, y Villa Victoria, en el Estado de México, han diseñado soluciones locales para enfrentar el trabajo infantil como resultados de la aplicación del MIRTI.  En Costa Rica, el cantón de Limón, en el distrito de Valle La Estrella, y el cantón de Talamanca, en la provincia de Limón, están aplicando localmente la herramienta IVTI. Por su parte, Chile ha iniciado la aplicación de la fase territorial del modelo en la comuna de Puerto Ibáñez, en la región de Aysén.

Es así como en varios países de la región existe hoy una mirada territorial para el logro de la meta 8.7, que brinda lineamientos más precisos y permite a los gobiernos locales renovar y dinamizar la política pública de trabajo infantil, haciéndola más eficiente.  

La implementación de los modelos de riesgo ha generado, además, aprendizajes sobre los vacíos de información y posibles mejoras a los sistemas de registro y medición para que sean de mayor utilidad en la toma de decisiones sobre prevención y erradicación del trabajo infantil y el trabajo adolescente peligroso.

 

 


 
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