Según el informe anual sobre Trabajo Infantil y Trabajo Forzoso del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL), de los 26 países analizados en la región, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú cuentan con avances significativos. Entre las principales acciones están el fortalecimiento de las políticas públicas y la implementación de programas sociales que combinan la mejora de la educación y la lucha contra la pobreza. Por ejemplo, los programas de transferencia monetaria condicionada a la asistencia escolar de los niños y niñas y los programas de alimentación y entrega de materiales escolares.

En comparación al informe de 2014 Brasil, Chile, Paraguay y Perú se mantienen como países con avances significativos; mientras que Colombia, Ecuador y El Salvador presentan en 2015 solo un avance moderado, junto con Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Santa Lucía y Uruguay. Por  último, los países de la región clasificados con avances mínimos son Belice, Dominica, Granada, Guyana, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Venezuela, Bolivia y República Dominicana; vale precisar que en el informe los dos últimos países mencionados son clasificados con un mínimo avance porque sus leyes y prácticas, respectivamente, retrasan el alcance de nuevos avances.

USDOL también destaca a la región como líder en la lucha contra el trabajo infantil en el trabajo doméstico; en consecuencia, el informe resalta que para el año evaluado Chile, República Dominicana y Panamá se sumaron a los nueve países de la región que ya han ratificado el Convenio 189 de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

Asimismo, en el informe se reconoce a la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe como parte de las políticas gubernamentales implementadas por la región, con el objetivo de incrementar la cooperación regional a través de esfuerzos que fortalezcan el monitoreo y coordinación de mecanismos, programas de gobierno e intercambios Sur-Sur.

Por otro lado, el informe también hace referencia a que las leyes que prohíben los trabajos peligrosos son aún poco claras e insuficientes y recomienda una mayor inversión de recursos económicos y humanos para el tema. A la fecha, son nueve los países que carecen de políticas sobre trabajo peligroso para personas menores de 18 años, o cuyas leyes no protegen debidamente a estas personas de las actividades identificadas por sus propios países como peligrosas. Los países son Argentina, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Panamá, Perú, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.

Entre los retos que mantiene la región, USDOL menciona que los países pueden mejorar y reforzar sus políticas. En esta línea se menciona que en Bolivia, Belice, Dominica y Guatemala la edad mínima permitida para la admisión al empleo puede estar definida dentro de los estándares internacionales (15 años y 14 años para algunos países en desarrollo), pero en su marco político existen excepciones que autorizan el empleo de personas por debajo del estándar. Por ejemplo, Bolivia autoriza bajo ciertos requisitos el trabajo de personas de 10 años y en Guatemala se puede autorizar el trabajo desde los 14 años también bajo ciertas circunstancias, aunque no están especificadas.

Asimismo, los conflictos sociales armados son todavía una realidad en la región. En El Salvador, Guatemala y Honduras evidencian el reclutamiento de personas menores de edad y esto es considerado como una de las peores formas del trabajo infantil. En este marco, el informe menciona que seis países: Belice, Dominica, Granada, Jamaica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, presentan débil protección legal para los casos de uso de personas menores de 18 años en actividades ilícitas.

No obstante, el informe rescata que en general los países de la región se han comprometido con la promoción del trabajo decente y la inclusión social, para ello las políticas estarán vinculadas a la erradicación del trabajo infantil, a la promoción de la educación y a la formación vocacional de los jóvenes. Respecto a esto, Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, Jamaica y Panamá han adoptado nuevos planes de acción que mejoran los esfuerzos para combatir el trabajo infantil y regular el trabajo adolescente permitido.

Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo, 12.5 millones de niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de trabajo infantil en la región, la mayoría realiza actividades agrícolas o trabaja en las calles; sin embargo, también hay una alta cifra de personas menores de edad víctimas de las peores formas de trabajo infantil, de las  que poblaciones de origen indígena, afrodescenciente y migrantes son las más vulnerables.