La Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), realizó el side event “Poner fin al trabajo infantil fortaleciendo la respuesta intersectorial en el territorio”. Este se llevó a cabo en el marco de la III Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, desarrollada en México y organizada por la CEPAL, el Gobierno de México y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El evento tuvo por objetivo: 1) compartir una visión de la realidad del trabajo infantil desde la perspectiva de la desigualdad, y 2) mostrar las lecciones aprendidas y buenas prácticas de la exitosa colaboración interagencial que se realiza para acelerar el logro de la meta 8.7 en la región desde el Sistema ONU, en particular entre la CEPAL y la OIT.

Laís Abramo, Directora de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, sostuvo que el trabajo infantil es el resultado de cadenas de desigualdad que afectan a los niños, niñas y adolescentes a lo largo de su ciclo de vida. Hizo énfasis en que es necesario entender la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente permitido como parte constitutiva de los sistemas integrales de protección social. Añadió, además, que -para avanzar en ese proceso- es necesario fortalecer las políticas de articulación intersectorial desde el nivel nacional hasta el local.

En su intervención, Juan Hunt, Director Regional a.i. de la OIT para América Latina y el Caribe, se refirió a los tres aspectos en los cuales el Sistema ONU puede contribuir de manera diferencial en el logro de la meta 8.7. El primero, es el fortalecimiento de la coherencia de las políticas, dado que las agencias ONU, por su mandato y competencias, tienen un alto potencial para impulsar acciones coordinadas entre distintos niveles y sectores. El segundo, es la ampliación de alianzas y potenciar el trabajo en red, debido a su capacidad de convocatoria de diversos actores. El tercero, es la mejora del conocimiento y generación de evidencia en el nivel local de los países, ejemplo de ello ha sido el desarrollo conjunto entre OIT-CEPAL del Modelo de Identificación del Riesgo del Trabajo infantil (MIRTI), una herramienta estadística que busca aportar información y evidencia para la toma de decisión en políticas intersectoriales, interinstitucionales y multinivel desde un enfoque preventivo de trabajo infantil para acelerar su erradicación a 2025.  

Este espacio también contó con la participación de representantes de México y Colombia, miembros de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil que a la fecha han implementado el MIRTI y que pudieron socializar los principales aportes del modelo en sus países. 

Al respecto, Omar Estefan, Director General de Previsión Social de México, resaltó que su país fue el primero en poner territorialmente en marcha el MIRTI, el cual se ha logrado institucionalizar. Subrayó que esta herramienta ha permitido disponer por primera vez de información desagregada por municipios para identificar mejor las acciones que cada dependencia en su ámbito de competencia puede realizar. 

Por su parte, David Zamora, Secretario de Economía Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas-México, primera localidad en la que se ha iniciado la 2da fase de implementación del MIRTI, sostuvo que uno de los principales aprendizajes fue la necesidad de aprender a organizar y aprovechar la información disponible. Además, recalcó la existencia de voluntad política a nivel nacional y local, y la importancia de oficializarla con acciones de política pública. Por último, reconoció el valor de la vinculación con los sectores sociales. 

En representación de Colombia, Tatiana Buelvas, Secretaria General del Departamento para la Prosperidad Social, mencionó que el MIRTI aporta al Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) porque, entre otras cosas, aumenta la efectividad de la prevención de problemáticas, pues orienta la ejecución de acciones focalizadas, disminuye los procesos de restablecimiento de derechos al prevenir vulneraciones y evidencia situaciones concretas de la situación de los niños, niñas y adolescentes.