En marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó el brote del COVID-19 como pandemia. A la fecha, los gobiernos de la América Latina y el Caribe vienen ejecutando una serie de medidas para hacer frente a la rápida propagación del virus entre la población, así como formulando y rediseñando respuestas para reducir el impacto económico y social en las familias.

El mundo del trabajo es uno de los más impactados. Muchas empresas y empleos están en riesgo. Los grupos vulnerables como las personas con empleos informales o las mujeres con empleos precarios deben estar en el centro de la respuesta política. Sin embargo, es clave no dejar atrás a niños, niñas y adolescentes porque el entorno en el que crecen se ha alterado, por lo tanto, su desarrollo también está en riesgo.

Según la CEPAL, niños, niñas y adolescentes de familias vulnerables y afectadas por la pandemia podrían adelantar su ingreso al mundo laboral y, además, hacerlo en condiciones precarias e inseguras. Esto incrementaría las tasas de trabajo infantil en la región.

En el caso del grupo de adolescentes que habían logrado insertarse en trabajos protegidos, la coyuntura puede incrementar su vulnerabilidad a trabajos poco seguros e informales. Incluso, para quienes ya se encontraban en trabajo infantil, la situación de trabajo precario y peligroso podría empeorar. 

Los países de la región están alertas. Argentina, Brasil, Guatemala, Panamá y Perú están redoblando esfuerzos para prevenir el incremento de las tasas de trabajo infantil a consecuencia del COVID-19.

En Argentina se están aplicando medidas para fortalecer y proteger a las familias más vulnerables. Estas medidas están, además, alineadas con el Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente 2018-2022. En este sentido, las medidas incluyen a familias con al menos una persona menor de edad que realiza una actividad productiva o más de una, que vive también en zonas rurales y en las regiones donde se registra mayor incidencia de trabajo infantil.

Adicionalmente, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina capacitará a 26 agentes territoriales de 16 provincias, a 8 coordinadores de Comisiones Provinciales para la Erradicación del Trabajo Infantil y a representantes del sector sindical, sobre cómo el COVID-19 incide en el trabajo infantil y adolescente al aumentar la vulnerabilidad del núcleo familiar.

En Brasil, como parte de las medidas de protección ante la emergencia, se ha incrementado el número de personas beneficiarias de programas sociales. El Programa Bolsa Familia ha aumentado el monto de la transferencia mensual sobre todo para familias con niños, niñas y adolescentes trabajadores. Además, el Ministerio de Ciudadanía trabaja para adecuar el Programa de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil a la coyuntura de la pandemia haciendo énfasis en el trabajo infantil doméstico y las tareas intensivas en el propio hogar, ya que estas situaciones se pueden agravar debido a las medidas de aislamiento y como estrategia para que más adultos en la familia puedan trabajar.

Para proteger el trabajo adolescente permitido, Brasil ha incluido el trabajo infantil como una categoría de fiscalización urgente. No está permitido que adolescentes continúen trabajando en modalidad presencial y el Gobierno Federal ha emitido medidas para proteger el empleo y los ingresos de este grupo, como la anticipación de vacaciones, el trabajo remoto, la suspensión de contratos y la reducción proporcional de horas y de salarios con el pago complementario de una bonificación gubernamental para cada puesto de trabajo.

En cuanto a Guatemala, desde el sector caficultor, la Fundación de la Caficultura para el Desarrollo Rural (Funcafé), que desde antes de la pandemia ejecutaba programas educativos y de sensibilización contra el trabajo infantil, ha logrado adaptar sus servicios a las medidas de aislamiento y ayudar a que niños, niñas y adolescentes de las familias cafetaleras continúen recibiendo educación. Además, en el caso de niños y niñas de 5 a 6 años, también ofrece servicios de alimentación y nutrición. De esta manera, los servicios educativos y de alimentación previenen el trabajo infantil en las familias.

En Panamá, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ha reforzado sus esfuerzos para brindar apoyo a las familias más vulnerables, incluyendo a aquellas que tienen hijos e hijas en trabajo infantil. Se hace énfasis en continuar fortaleciendo las capacidades de los gobiernos locales, que ya contaban con una plataforma digital de Monitoreo de trabajo infantil que permite dar atención a los casos de manera virtual.

En Perú, el Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CPETI) ha realizado un diagnóstico sobre la base del análisis de los resultados de la aplicación del Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil aplicado en el país. En consecuencia, se ha decidido continuar con estrategias planteadas antes de la pandemia, como la acción focalizada, el fortalecimiento del trabajo intersectorial, las intervenciones de fortalecimiento a niños, niñas y adolescentes desde un enfoque de derechos, así como mantener el apoyo para cadenas productivas sin trabajo infantil.

Estas son algunas de las respuestas que se están articulando e implementado en este contexto. A su vez la región está planeando, ahora más que nunca, amplificar el alcance del llamado a poner fin al trabajo infantil y continuar los esfuerzos para el avance en el logro de la Meta 8.7 de la Agenda 2030.

Así, los países, las organizaciones de empleadores y de trabajadores, miembros de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil, se unen para conmemorar este 12 de junio el Día mundial contra el trabajo infantil bajo el lema “Ahora más que nunca #SinTrabajoInfantil”.

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