10 medidas para fortalecer sistemas de protección social que pongan fin al trabajo infantil en América Latina y el Caribe

10 de junio de 2022

Dia mundial contra el trabajo infantil

¿Cómo puede contribuir la protección social en la lucha frente al trabajo infantil? Un llamado urgente en el marco del Día mundial contra el trabajo infantil 2022 este 12 de junio.

Lima - Existe un vínculo indisociable entre la protección social de las familias y los derechos de niños, niñas y adolescentes a estar libres de trabajo infantil. Sin embargo, un reciente informe por OIT y UNICEF ha alertado sobre una importante brecha en la cobertura de la protección social, dado que solamente el 26,4 % de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo, y el 41,5 % en América Latina y el Caribe, accede a una cobertura efectiva de protección social.

Es responsabilidad de los gobiernos desplegar una serie de medidas para promover que la protección social llegue tanto a los hogares donde hay trabajo infantil como a aquellos que son vulnerables a esta problemática. De acuerdo al mencionado estudio, si los responsables políticos no actúan con decisión, la pandemia de COVID-19, los conflictos actuales, el aumento de la pobreza y el cambio climático podrían aumentar la prevalencia del trabajo infantil.

El informe plantea que para lograr la eliminación del trabajo infantil se requiere de manera indispensable la aplicación de un enfoque sistémico y de políticas eficaces que refuercen los sistemas de protección social, la educación y las oportunidades de trabajo decente para madres, padres y cuidadores, a fin de abordar las condiciones que impulsan el trabajo infantil.                  

¿Qué medidas necesitamos tomar en la región de América Latina y el Caribe para fortalecer los sistemas de protección social con miras a poner fin al trabajo infantil?

  1. Generar estadísticas: recoger y analizar los datos de los hogares y el grado de cumplimiento de sus derechos es crucial para tomar decisiones frente al trabajo infantil basadas en evidencia.
  2. Contar con registros sobre familias vulnerables: identificar las necesidades de las familias y conocer dónde se encuentran permitirá que las medidas públicas tengan un alcance real a todos los hogares, diseñando medidas focalizadas para aquellos más vulnerables.
  3. Implementar el Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI): desde la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil*, se ha desarrollado un instrumento que permite predecir la probabilidad de trabajo infantil en los territorios, el cual permite diseñar mejores estrategias de abordaje e interrumpir la aparición del trabajo infantil. Implementar este instrumento dentro de las políticas públicas es una manera de acortar el camino para el logro de la Meta 8.7 de la Agenda 2030 (que llama a poner fin al trabajo infantil en todas sus formas), optimizando los recursos ya existentes en cada país y bajo costo cero.
  4. Reconocer la lucha contra el trabajo infantil dentro de las prioridades nacionales: la voluntad política en todos los niveles de gobierno es clave para viabilizar de manera ágil, eficiente y articulada las medidas que enfrenten al trabajo infantil.
  5. Dotar de presupuesto a las medidas para enfrentar el trabajo infantil: con recursos disponibles, es posible mejorar la atención y aumentar el impacto de la atención a niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil y sus familias, o de quienes están en riesgo de padecerlo.
  6. Monitorear la relación entre la deserción escolar y el trabajo infantil: existe una relación muy estrecha entre el trabajo infantil y la interrupción de los estudios, pues ambas actividades compiten en términos de tiempo y esfuerzo. En muchos casos, los niños, niñas y adolescentes que realizan ambas actividades sufren consecuencias en su rendimiento estudiantil, quedan rezagados de la escuela o se ven forzados a dejarla. Por ello, es fundamental realizar un seguimiento activo a los casos de deserción escolar, examinar sus causas y vincular estos casos con las medidas de restitución de sus derechos.
  7. Promover el trabajo decente para las personas adultas: en hogares con inestabilidad de ingresos y servicios, la probabilidad de que niños, niñas y adolescentes se vean empujados a trabajar es mayor. Por ello, es elemental que el trabajo decente sea un derecho que alcance a todas las personas adultas, quienes son las responsables de sostener los ingresos del hogar.
  8. Apoyar a las madres trabajadoras: en los países de la región, son las mujeres quienes dedican el mayor tiempo al trabajo de cuidado y mantenimiento del hogar; sin embargo, el desarrollo de estas tareas constituye el ejercicio de un trabajo no remunerado que, en la mayoría de casos, tiene impactos en el trabajo remunerado. Como consecuencia, muchas madres trabajadoras encuentran dificultades para poder desempeñarse en su trabajo a la par que otras mujeres sin hijos y hombres. Promover la igualdad en el acceso y el mantenimiento del trabajo decente es clave para fortalecer la estabilidad de los hogares.
  9. Articular las políticas de infancias y adolescencias con las políticas de prevención y erradicación del trabajo infantil: vivir sin trabajo infantil es un derecho que le corresponde a todos los niños, niñas y adolescentes; y este objetivo debe estar incluido en las políticas que promueven los derechos de las infancias y adolescencias. Integrar las medidas dirigidas a esta población significa optimizar los recursos financieros y humanos, y ofrecer a niños, niñas y adolescentes mejores oportunidades de desarrollo.
  10. Poner el foco sobre las y los adolescentes, quienes se encuentran en mayor riesgo de abandono escolar debido a la incorporación al trabajo: a menudo, se suele mirar a las las y los adolescentes como personas preparadas para la vida adulta; sin embargo, por su cercanía a la mayoría de edad, constituyen un grupo de especial atención porque son quienes corren el mayor riesgo de abandonar los estudios. En este sentido, los programas que incorporan a los y las adolescentes son clave para evitar que interrumpan sus trayectorias educativas y puedan acceder a empleos con mejores condiciones en su etapa adulta, rompiendo así el círculo de pobreza.

El trabajo infantil es una compleja realidad que obedece a una multiplicidad de causas; por lo tanto, necesita de la articulación sectorial para ser abordado de manera integral. Implementar un enfoque interseccional en el abordaje del trabajo infantil es crucial no solamente para reducir las tasas de trabajo infantil, sino también para no excluir de los avances a las poblaciones más invisibilizadas: las niñas y adolescentes, los pueblos  indígenas y afrodescendientes, las familias migrantes, entre otras.

¿Qué puede hacer para sumarse al movimiento mundial frente al trabajo infantil?

  1. Como autoridad: generar políticas e iniciativas que contribuyan a la protección social familiar, el trabajo decente de las personas adultas y el acceso a la educación de calidad.
  2. Como empresa: construir cadenas de suministro que promuevan los derechos humanos y estén libres de trabajo infantil. 
  3. Como organización de trabajadores: contribuir a las acciones de sensibilización e investigación sobre el trabajo infantil.
  4. Como consumidor/a: investigar sobre la procedencia de los productos y servicios a consumir; priorizar la compra de artículos libres de trabajo infantil.
  5. Como comunidad: dialogar con los entornos cercanos sobre el tema, apoyar la difusión de campañas, denunciar los casos de trabajo infantil.

¡Le animamos a difundir! El trabajo infantil es una realidad que puede permanecer poco visible ante los ojos de las personas. Introducir este tema en sus espacios laborales, académicos y sociales es fundamental para mantener a las comunidades concientizadas acerca de esta problemática. Comparta en sus redes sociales el material elaborado para los países de América Latina y el Caribe. 

*La Iniciativa Regional América Latina y el Caribe es una plataforma impulsada por 30 países de la región (gobiernos, organizaciones de empleadores y organizaciones trabajadores), con el apoyo de la OIT, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL).

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