En el año 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 23 de junio como el "Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública", con el propósito de destacar el trabajo y contribución de la administración pública en el desarrollo mundial, y agradecer y valorar el servicio de los funcionarios públicos así como alentar a jóvenes a seguir carreras en este sector. 

Cada año esta conmemoración lleva una temática especial que busca optimizar el ejercicio de la administración pública y que es discutida en el Foro de Servicio Público de las NNUU; por ejemplo, la adopción de enfoques institucionales innovadores, la participación de los ciudadanos para una gobernanza eficaz, el papel crítico del sector público en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), etc. A estos foros asisten oficiales de gobierno, expertos y representantes del sector privado y de la sociedad civil con la intención de compartir un espacio de intercambio de experiencias y lecciones aprendidas, identificar tendencias futuras y establecer acuerdos.

Este 2017, la Asamblea General, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), propone el enfoque “El futuro es ahora: Acelerando la Innovación en el Servicio Público para la Agenda 2030”, y durante el Foro de Servicio Público se realizarán mesas paralelas donde se discutirán temas de los ODS como creación de trabajo y prosperidad, servicios de salud, energía sustentable, economía circular, niñez y adolescencia, etc.

La Agenda 2030 requiere que la administración pública genere iniciativas y mecanismos innovadores, que promuevan el trabajo conjunto entre los actores de diferentes niveles y esferas públicas responsables de la creación de políticas y servicios. Bajo este marco, resulta relevante recordar el valor de la participación de este sector para poner fin al trabajo infantil, como lo demanda la Meta 8.7 de los ODS y cuyo alcance ayudará a lograr otras 35 metas en diversos ámbitos del desarrollo sostenible.

Por ejemplo, existen algunas experiencias como la de México, con la creación de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida (CITI), cuyo objetivo es el de coordinar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el diseño, ejecución y evaluación de políticas, programas y acciones contra el trabajo infantil.

Otro ejemplo es la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de Trabajo Infantil (IR), que supone también una innovadora herramienta de cooperación intergubernamental y de la administración pública, debido a que promueve esfuerzos coordinados y articulados entre los diversos sectores públicos como trabajo y educación, y sus representantes son tomadores de decisión para implementar políticas e intervenciones contra el trabajo infantil.

Las decisiones, políticas públicas, planes y estrategias nacionales impactan en el presente y futuro de los niños, niñas y adolescentes que trabajan y en el desarrollo sostenible de los países. Los funcionarios de los diferentes sectores de gobierno llevan la responsabilidad de hacer cumplir los derechos de los niños y niñas y asegurar su crecimiento, educación, salud y protección.

Los niños y niñas requieren de servicios integrales e innovadores que les aseguren una educación inclusiva y de calidad; los adolescentes y jóvenes requieren estar preparados para conseguir trabajos decentes y protegidos. Todo esto terminará con el circulo de pobreza de sus familias y el riesgo económico y social de sus países.

Es por ello que este día es clave para reflexionar y exhortar la importancia de agilizar y volver más eficientes las iniciativas y los procesos de administración pública, el manejo ordenado y transparente de los fondos públicos y el fomento de una cultura de renovación acorde a las necesidades reales de las personas, en especial de los niños, niñas y adolescentes que están en condición de mayor vulnerabilidad y propensos al trabajo infantil y sus peores formas.